Informatore
Presidente de la Drummond, a juicio
El poderoso sindicato acerero y minero de Estados Unidos, United Steel Workers -USW - reveló que la Corte del Distrito Norte de Alabama hizo el llamamiento al representante de la empresa en Colombia.
Primera Página
Agencia de Noticias
Pittsburgh, EU
La Asociación de Trabajadores de la Industria Metalúrgica de Estados Unidos y Canadá (USW, por sus siglas en inglés) reveló que el presidente de la Drummond Company en Colombia, Augusto Jiménez Mejía, fue llamado a juicio por la Corte del Distrito Norte de Alabama que investiga el asesinato de tres líderes sindicales de la empresa.
Él y Drummond Ltd, con sede en Jasper, Alabama, deberán responder en un juicio civil por los hechos que rodearon la muerte de Valmore Locarno, Víctor Hugo Orcasita y Gustavo Soler Mora, líderes de Sintramienergética -el sindicato que representa a los mineros del carbón de Colombia- a manos de las Autodefensas Unidas de Colombia en 2001.
Rafael García, ex jefe de Informática del DAS, aseguró que estuvo presente en una reunión durante la cual Augusto Jiménez, presidente de Drummond Limitada, filial en Colombia, entregó un maletín con dinero en efectivo para pagar al líder paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias 'Jorge 40', con el fin de eliminar obstáculos sindicales.
Jiménez Mejía fue comisionista de bolsa y en 1982 fue sancionado por la entonces Comisión Nacional de Valores (hoy Superintendencia Financiera) que lo multó por manipular la bolsa a través de la firma Valores Integrados, de la cual eran socios también Rodolfo Prieto Díaz, Humberto Jiménez Mejía, Rodrigo Escobar Silva, Carlos Eduardo Jiménez Mejía e Iván Escobar Pardo.
Entre 1987 y 1988 el llamado 'Grupo Asesores Integrados' -del que hacían parte Valores Integrados, la Corporación Financiera Integral y la captadora pirata Promociones Escort Ltda.- realizó una serie de operaciones de captación, colocación y transacciones en los mercados extrabancario y bursátil que culminaron el 21 de julio de 1988 con la intervención de la Corporación Financiera Integral, mientras que el 25 de julio de 1988 la Comisión de Valores intervino a la comisionista de bolsa Valores Integrados. Los Jiménez huyeron del país pero después de condenados al menos dos de ellos su caso prescribió.
El poderoso sindicato acerero y minero de Estados Unidos, United Steel Workers -USW- reveló ahora que en el proceso que se adelanta en Alabama, el juez dictaminó el cinco de marzo de 2007 que el sindicato colombiano de mineros, Sintramienergética, y las familias de los difuntos pueden iniciar juicio sobre la base de sus demandas civiles contra la subsidiaria de Drummond Coal, Drummond Ltd, con sede en Jasper, Alabama, y contra el presidente de la empresa, Augusto Jiménez.
"In the Alabama lawsuit, the judge ruled on March 5, 2007, that the Colombian union of miners, Sintramienergética, and the families of the deceased can go to trial on their civil claims against Drummond Coal's subsidiary, Drummond Ltd, based in Jasper, Alabama, as well as the president of that company, Augusto Jimenez", dice originalmente el comunicado de USW.
Al mismo tiempo la USW elogió un anuncio realizado por el fiscal colombiano en el que se informa que está investigando las denuncias de que Drummond pagó a paramilitares de derecha para asesinar a tres líderes sindicales que trabajaban para sus operaciones de minería de carbón en Colombia.
Hace cinco años, la USW y el Fondo internacional de derechos laborales, en representación de las familias de los mineros colombianos asesinados, entablaron una demanda civil en el tribunal federal de Birmingham, Alabama, en la que se establece que Drummond fue responsable de la muerte de los líderes sindicales en las minas La Loma (Víctor Orcasita, Valmore Locarno y Gustavo Soler).
Los líderes de la USW dijeron en un comunicado que por fin "pueden ver cómo la justicia se comienza a poner del lado del sindicato de mineros y de los seres queridos de las víctimas en su país de origen".
"Durante muchos años, nuestro sindicato ha condenado la violencia contra los sindicalistas en Colombia", dijo el presidente de la USW, Leo W. Gerard. "Finalmente, se ha escuchado nuestra voz, tanto en Estados Unidos como en Colombia".
Gerard agregó que "la incesante violencia contra los sindicatos en Colombia, donde más de 72 líderes sindicales fueron asesinados sólo en 2006, es razón suficiente para que Estados Unidos finalice su política de ofrecer asistencia militar a dicho país y rechace celebrar un acuerdo de libre comercio con Colombia".
Un testigo clave en el caso Drummond, Rafael García, que está preso en Colombia, fue citado en el Washington Post diciendo que teme por su vida y que necesita ingresar a un programa de protección de testigos para continuar brindando información acerca de los crímenes de Drummond que él presenció.
La USW ha instado a los funcionarios, tanto del Gobierno estadounidense como colombiano, a que tomen las medidas necesarias para brindar dicha protección a García.
La semana pasada, Chiquita Banana, otra empresa con operaciones en Colombia y con base en Cincinnati, se declaró culpable ante el tribunal federal estadounidense de pagar 25 millones de dólares a paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), un grupo guerrillero de izquierda, ambos integrantes de la lista de organizaciones terroristas de Estados Unidos.
El poderoso sindicato acerero y minero de Estados Unidos, United Steel Workers -USW - reveló que la Corte del Distrito Norte de Alabama hizo el llamamiento al representante de la empresa en Colombia.
Primera Página
Agencia de Noticias
Pittsburgh, EU
La Asociación de Trabajadores de la Industria Metalúrgica de Estados Unidos y Canadá (USW, por sus siglas en inglés) reveló que el presidente de la Drummond Company en Colombia, Augusto Jiménez Mejía, fue llamado a juicio por la Corte del Distrito Norte de Alabama que investiga el asesinato de tres líderes sindicales de la empresa.
Él y Drummond Ltd, con sede en Jasper, Alabama, deberán responder en un juicio civil por los hechos que rodearon la muerte de Valmore Locarno, Víctor Hugo Orcasita y Gustavo Soler Mora, líderes de Sintramienergética -el sindicato que representa a los mineros del carbón de Colombia- a manos de las Autodefensas Unidas de Colombia en 2001.
Rafael García, ex jefe de Informática del DAS, aseguró que estuvo presente en una reunión durante la cual Augusto Jiménez, presidente de Drummond Limitada, filial en Colombia, entregó un maletín con dinero en efectivo para pagar al líder paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias 'Jorge 40', con el fin de eliminar obstáculos sindicales.
Jiménez Mejía fue comisionista de bolsa y en 1982 fue sancionado por la entonces Comisión Nacional de Valores (hoy Superintendencia Financiera) que lo multó por manipular la bolsa a través de la firma Valores Integrados, de la cual eran socios también Rodolfo Prieto Díaz, Humberto Jiménez Mejía, Rodrigo Escobar Silva, Carlos Eduardo Jiménez Mejía e Iván Escobar Pardo.
Entre 1987 y 1988 el llamado 'Grupo Asesores Integrados' -del que hacían parte Valores Integrados, la Corporación Financiera Integral y la captadora pirata Promociones Escort Ltda.- realizó una serie de operaciones de captación, colocación y transacciones en los mercados extrabancario y bursátil que culminaron el 21 de julio de 1988 con la intervención de la Corporación Financiera Integral, mientras que el 25 de julio de 1988 la Comisión de Valores intervino a la comisionista de bolsa Valores Integrados. Los Jiménez huyeron del país pero después de condenados al menos dos de ellos su caso prescribió.
El poderoso sindicato acerero y minero de Estados Unidos, United Steel Workers -USW- reveló ahora que en el proceso que se adelanta en Alabama, el juez dictaminó el cinco de marzo de 2007 que el sindicato colombiano de mineros, Sintramienergética, y las familias de los difuntos pueden iniciar juicio sobre la base de sus demandas civiles contra la subsidiaria de Drummond Coal, Drummond Ltd, con sede en Jasper, Alabama, y contra el presidente de la empresa, Augusto Jiménez.
"In the Alabama lawsuit, the judge ruled on March 5, 2007, that the Colombian union of miners, Sintramienergética, and the families of the deceased can go to trial on their civil claims against Drummond Coal's subsidiary, Drummond Ltd, based in Jasper, Alabama, as well as the president of that company, Augusto Jimenez", dice originalmente el comunicado de USW.
Al mismo tiempo la USW elogió un anuncio realizado por el fiscal colombiano en el que se informa que está investigando las denuncias de que Drummond pagó a paramilitares de derecha para asesinar a tres líderes sindicales que trabajaban para sus operaciones de minería de carbón en Colombia.
Hace cinco años, la USW y el Fondo internacional de derechos laborales, en representación de las familias de los mineros colombianos asesinados, entablaron una demanda civil en el tribunal federal de Birmingham, Alabama, en la que se establece que Drummond fue responsable de la muerte de los líderes sindicales en las minas La Loma (Víctor Orcasita, Valmore Locarno y Gustavo Soler).
Los líderes de la USW dijeron en un comunicado que por fin "pueden ver cómo la justicia se comienza a poner del lado del sindicato de mineros y de los seres queridos de las víctimas en su país de origen".
"Durante muchos años, nuestro sindicato ha condenado la violencia contra los sindicalistas en Colombia", dijo el presidente de la USW, Leo W. Gerard. "Finalmente, se ha escuchado nuestra voz, tanto en Estados Unidos como en Colombia".
Gerard agregó que "la incesante violencia contra los sindicatos en Colombia, donde más de 72 líderes sindicales fueron asesinados sólo en 2006, es razón suficiente para que Estados Unidos finalice su política de ofrecer asistencia militar a dicho país y rechace celebrar un acuerdo de libre comercio con Colombia".
Un testigo clave en el caso Drummond, Rafael García, que está preso en Colombia, fue citado en el Washington Post diciendo que teme por su vida y que necesita ingresar a un programa de protección de testigos para continuar brindando información acerca de los crímenes de Drummond que él presenció.
La USW ha instado a los funcionarios, tanto del Gobierno estadounidense como colombiano, a que tomen las medidas necesarias para brindar dicha protección a García.
La semana pasada, Chiquita Banana, otra empresa con operaciones en Colombia y con base en Cincinnati, se declaró culpable ante el tribunal federal estadounidense de pagar 25 millones de dólares a paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), un grupo guerrillero de izquierda, ambos integrantes de la lista de organizaciones terroristas de Estados Unidos.